Ante la posibilidad de que desde el 1º de agosto se experimente una nueva suba en el precio de los combustibles y la problemática derivada del supergas, ha sido analizado en estos últimos días. Nos permitimos transcribir una nota realizada por Andrés Oyhenard publicada en El Observador, que en sus párrafos más importantes establece lo siguiente:

El manejo de las tarifas públicas ha estado en el tapete político y económico desde hace ya mucho tiempo, y lo seguirá estando. El tema ocupó buena parte de la última campaña electoral. El partido del presidente de la República Luis Lacalle Pou promovió y alentó durante la campaña la libre importación de combustibles y sacarle el monopolio a Ancap como un camino para reducir las tarifas de los combustibles. Pero luego hubo que negociar con los socios de la coalición (Cabildo Abierto y el Partido Colorado). Este proceso se zanjó con un híbrido donde el objetivo es tender a tarifas que apunten a un Precio Paridad de Importación (PPI), conservando el monopolio para Ancap. Ese ejercicio (teórico) calcula el costo que tendría importar combustibles refinados para comercializarlos en la plaza local. Así, la petrolera uruguaya debería ser capaz de tener tarifas competitivas y en línea con el mercado internacional a la salida de su planta La Teja. 

El gobierno se fijó un plazo de tres años para cumplir con esa meta. Hay un factor x -definido como el sobrecosto que pagan los consumidores uruguayos- que hoy ronda los $ 3 por litro, que debería ir cayendo poco a poco hasta terminar en $ 0. Eso se debe a negocios donde Ancap no es competitivo o pierde plata como en la producción de biocombustibles o cemento pórtland. Y ahí es donde se comienzan a mezclar los tantos. Por un lado, se le pide a Ancap que sea eficiente y mejore sus números y, por otro lado, que cumpla un rol social subsidiando la producción de caña de azúcar en Bella Unión. Si el gobierno está decidido a mantener la producción de Artigas como ya lo ratificó, debería enviar un proyecto de ley al Parlamento para que se subsidie explícitamente esa producción y se le transfiera a Ancap desde Rentas Generales el “sobrecosto” de esa unidad de negocio. 

También hay otras propuestas que apuntan a ir un paso más. La Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) sugiere modificar la fuente de financiamiento del fideicomiso del boleto y eliminar la mezcla del biodiésel. Con esas medidas, el precio del gasoil en Uruguay bajaría 10,5% (unos $ 4,80 por litro) al pasar de US$ 1,04 a US$ 0,93 por litro, y quedaría a la par de Argentina y levemente por encima de Chile (US$ 0,90) o Brasil (US$ 0,88). 

De acuerdo al último informe de PPI de la Ursea, el subsidio al boleto tenía a junio un costo de $ 3,48 por litro, mientras que el sobrecosto por la mezcla con biodiésel nacional era de $ 1,07 por litro. 

El nuevo esquema de PPI (cuya puesta en práctica el gobierno aplazó por la pandemia) básicamente analiza el costo de las principales variables de costos para Ancap (petróleo y dólar) y publica un informe que cierra el 15 de cada mes, que oficia como insumo para la fijación de las tarifas a partir del primer día hábil del siguiente mes. Luego que había cerrado ese plazo, el presidente Lacalle Pou hizo un comentario que generó un poco de confusión y ruido, cuando se dio una baja en la cotización del precio internacional del crudo. "Ayer (por el lunes 19 de junio) cuando estaba viendo el informativo mandé dos mensajes. Uno a mi amigo (Omar) Paganini y otro a Azucena Arbeleche. ´Bajó el petróleo´ fue mi mensaje", dijo en rueda de prensa. Para muchos, ese comentario pudo dar a entender que las tarifas no sufrieran alzas en agosto o que incluso podían bajar. Un par de días más tarde, el precio del petróleo se recuperó y esa baja puntual quedó en una anécdota. De hecho, cuatro días más tarde el informe de la Ursea confirmó que los combustibles deberían subir a partir del 1º de agosto. En números gruesos, unos $ 2 por litro la nafta y $ 1,40 el gasoil y algo más de $ 3 el supergás. En las próximas horas, el gobierno publicará el decreto donde definirá los nuevos máximos de venta al público. 

Supergás: un subsidio caro e ineficiente 

Una de las fallas que se le puede achacar al gobierno es que asumió sin tener claro cómo atacar y resolver el agujero negro que cuesta esos US$ 100 millones del subsidio al supergás (GLP) y que terminan pagando todos los consumidores de combustibles de Uruguay. ¿A cuánto debería reducirse si ese combustible solamente lo utilizan los deciles y hogares de menores ingresos? No lo sabemos. Y si se cuantifica, también debería quedar explicitado como te lo comenté más arriba en el caso de la caña de azúcar en Bella Unión. 

El vicepresidente de Ancap Diego Durand dijo en entrevista con El Observador que no comparte que haya hogares que estén calentando una piscina con un combustible subsidiado por el Estado. También podría decirse lo mismo de los acopiadores que utilizan ese combustibles (supergás) para secar granos. El problema de fondo parece estar en otro lado. Este energético (GLP) es la principal fuente de cocción para los hogares uruguayos (91%), y también para calefacción (24%), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La clase media en Uruguay es una gran bolsa donde suelen meterse y compararse realidades muy disímiles. Duplicar el precio de una tarifa como el supergás es una medida antipática por donde se la mire y tiene sus costos políticos pero ayudaría a darle más transparencia al mercado de combustibles. El gobierno parece elegir un camino intermedio y apostar por una gradualidad que hoy no está tan claro cómo sería y cuánto efectivamente de esos US$ 100 millones se trasladarán a buena parte de los consumidores uruguayos.  Con los excedentes de energía de fuentes renovables que tiene hoy UTE, ¿no sería más sensato incentivar y promocionar el uso de la energía eléctrica para calefaccionar hogares? Parece un contrasentido que el país esté importando grandes volúmenes de energía (supergás) para calefaccionar y cocinar -a un precio dado por el mercado internacional-, cuando muchas veces UTE muchas veces tiene sobrantes de energía que (en ocasiones) los termina malvendiendo a los vecinos. 

“A las 300 mil familias que cocinan todos los días con supergás le puedo dar un apoyo importante, y a las personas que tienen supergás en sus casas -pero podrían pagar $ 300 más- no se los doy”, comentó en febrero a El Observador el ministro de Industria y Energía Omar Paganini, sobre esa idea de no subsidiar al barrer. “Ese proceso no es sencillo, lleva tiempo, y lleva el diseño de un sistema diferente. Se requieren una serie de cosas que seguramente no se podrán implementar este año”, dijo en ese entonces. 

El precio de paridad de importación del supergás que marca la Ursea es de $ 55 por kg. Sin embargo, Ancap recibe $ 13,65 por ese combustible que el público paga hoy a $ 56,16 por kg. Esa diferencia (subsidio) de $ 41,3 por kg cuesta, a valores de hoy, unos US$ 95 millones por año, que Ancap debe cubrir con sobreprecios sobre otros combustibles (gasoil y naftas básicamente). El margen de distribución promedio y envasado del GLP es de $ 31,95 por kg (hoy el 57% del precio). El supergás también paga un 18% de IVA ($ 10,13 por kg). 

“Ese es el tamaño del problema que tenemos que resolver cuando se habla de subsidio”, me comentó una fuente del gobierno. 

Esta semana el Secretario de la Presidencia Álvaro Delgado anticipó que el ajuste de agosto de las tarifas el gobierno “tendrá una consideración especial” con la tarifa del supergás. En julio ya se había congelado pese a que el PPI de la Ursea mostraba que debía subir. El gobierno tiene como objetivo focalizar ese subsidio pero hoy no está claro cómo será esa instrumentación. Cabildo Abierto, por ejemplo, considera que ese beneficio debería mantenerse para los hogares más humildes a través de un IVA personalizado, en el marco de una propuesta más general que ese partido viene planteando para readecuar el gasto tributario (exoneraciones) que da el Estado. 

Al final, la discrecionalidad política sigue jugando un papel relevante en todo este proceso que está recorriendo el gobierno para transparentar y darle un mayor peso a la pata técnica en la definición de las tarifas públicas.  Hasta ahora, hubo algunos avances como el nuevo rol más independiente que se le otorgó a los reguladores (Ursea, Ursec), pero da la sensación que el ritmo de cambios -que reclaman sectores productivos o movimientos como Un Solo Uruguay- será cansino y con más discusión política que medidas concretas.